«Nos quieren quitar los moai y el parque que nos dieron por 50 años»
Ma’u Henua, encabezada por Camilo Rapu, apunta al Gobierno en sus críticas y envió los antecedentes del caso a la Comisión de Cultura del Parlamento.
Una investigación por presunto fraude al fisco lleva adelante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Aunque fue electa una nueva directiva para administrar el parque Rapa Nui, aún no hay claridad sobre la validez del proceso eleccionario.
El Ministerio de Bienes Nacionales apunta a que la dirección del Parque, encabezada por Camilo Rapu, no ha entregado avances en el plan de manejo faltando a lo que se había acordado.
La Comunidad Ma’u Henua de Rapa Nui, a través de una declaración pública de su presidente Camilo Rapu, acusó al Gobierno de intentar arrebatarles la administración del parque Rapa Nui.
Enviados los antecedentes del caso a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el dirigente aseveró que «funcionarios públicos e instituciones del Estado chileno se coludieron para intentar quitarnos la administración del parque que la Presidenta Bachelet nos entregó por 50 años. Con ello, el Estado chileno se quedaría con todos los sitios históricos y entre ellos los moai.»
De acuerdo a los antecedentes que la comunidad adjunta en su declaración suscrita por Camilo Rapu, en 1933, «bajo la administración de Rapa Nui por parte de la Armada, por decisión unilateral y en violación a los fundamentos del Tratado de 1888, el Estado de Chile decide inscribir las tierra de la isla (16.600 has) a nombre del Fisco chileno. Se ampara para esto en el artículo 590 del Código Civil de 1933, inscribiendo estas tierras sin reconocer ningún derecho de propiedad a los habitantes originarios de Rapa Nui. La anexión de la isla por el Estado de Chile significó la usurpación del patrimonio cultural tangible e intangible de su cultura».
En el mismo comunicado, la comunidad rapa nui subraya que «lo anterior tiene mayor relevancia si se considera que la actual gestión del parque en manos del pueblo Rapa Nui genera más de 4.000 millones al año mientras que, bajo el Estado Chileno, el parque aportaba a la isla no más de 200 millones al año. Asimismo en forma ilegal han intentado instalar una directiva paralela de nuestra comunidad. Estamos investigando el hecho que en esta operación, contaría con la asesoría de un abogado ex funcionario del Subsecretario Ubilla».